En el momento en que Chile rememora el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, Reporteros sin Fronteras hace un llamado solemne a las autoridades políticas y administrativas – en coordinación con organizaciones profesionales y representantes de la sociedad civil concernidos – para promover un nuevo marco regulador para los medios de comunicación. La esperanza por un pluralismo real, que tome en cuenta la diversidad de los medios de expresión y de información, no tiene lugar en un statu quo heredado de los años de Pinochet (1973-1990). Esta herencia es un gran impulsor de movimientos sociales actuales en Chile."La despenalización de los delitos de prensa, en particular de la difamación, sigue siendo un reto en Chile, mientras que ya tomaron este paso en Argentina y Brasil en 2009,” declaró la organización.
"A este reto se suma otro primordial: el de una legislación que le garantice un equilibrio de espacio y difusión a diferentes tipos de medios de comunicación - sean públicos, privados o comunitarios. Reporteros sin Fronteras ha apoyado este principio en otros países de la región donde una medida como esta ya ha sido adoptada o aún se estudia; la organización ha permanecido muy atenta con respecto a las condiciones de su aplicación. La búsqueda de un equilibrio debe estar acompañada de garantías de independencia."
¿El fin de los medios de comunicación públicos?
El debate resurge ahora que se anunció el cierre definitivo de La Nación, este 24 de septiembre. El diario emplea a una treintena de periodistas; 70% de sus acciones pertenecen al Estado y 30% a inversionistas del sector privado.
Al principio de la presidencia de Sebastián Piñera, en 2010, se acordó el cese de la edición impresa del periódico, del que permanece sólo la versión en línea. La desaparición programada de La Nación hace temer a las organizaciones del gremio periodístico el fortalecimiento del monopolio – ya de por sí muy fuerte – en la prensa escrita, que favorece a los dos grupos privados nacionales dominantes: El Mercurio y Copesa (editor del periódico La Tercera). En el área audiovisual existe el mismo temor por la privatización de la Televisión Nacional de Chile (TVN), que muy pronto podría ser objeto de una ley.
Radios comunitarias, al margen
La ley de Servicios de Radiodifusión Comunitaria y Ciudadana, promulgada en mayo de 2010, en teoría permitirá a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) reordenar el espectro de frecuencias de las radios comunitarias con potencias de hasta 25 watts. Este proyecto implica la cesión o reasignación de frecuencias, de las cuales el consorcio Iberoamericana Radio Chile (propiedad del grupo español PRISA) posee 211.
El 21 de agosto del 2012, PRISA se opuso a firmar un acuerdo correspondante, en la que trabajaron durante más de un año representantes del sector radiofónico y la Subtel. Dicho acuerdo implicaba para el grupo PRISA modificaciones técnicas de sus radios, que el grupo rechazó. El grupo aduce que mientras no se resuelva la situación legal de renovación de algunas de sus frecuencias en la Corte de Apelaciones de Santiago, no aprobará las propuestas de despeje. Reporteros sin Fronteras se une a la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC) para exigir que se aplique el acuerdo establecido por la Subtel, y que las condiciones impuestas por PRISA sean ignoradas.
Otro problema principal para los radiodifusores comunitarios concierne al muy represivo artículo 36 B de la Ley General de Telecomunicaciones. Ésta, adoptada en 1982 bajo la dictadura, aún provee penas de prisión efectiva en caso de "operar servicios o instalaciones de telecomunicaciones de libre recepción o de radiodifusión sin autorización de la autoridad respectiva" (radiodifusión ilegal).
Basado en este artículo, el 28 de agosto, tomaron en Collipulli (Araucanía) la estación comunitaria Radio Vecina, decomisaron su equipo y detuvieron a su representante, Víctor Díaz, durante diez horas.
Reporteros sin Fronteras se informó de otros tres casos recientes de amenaza de aplicación del artículo 36 B: el de la radio indígena mapuche Kimche Mapu, también en la Araucanía; el de Radio Lógica, en la zona metropolitana de Santiago, y el de Radio Galáctika, en los alrededores de Valparaíso. La organización pide la abrogación pura y simple de una disposición legal que criminaliza a los pequeños medios de comunicación; muchos de ellos esperan su regularización desde hace más de diez años.
Finalmente, ahora que las protestas sociales y estudiantiles vuelven a ampliarse, Reporteros sin Fronteras espera que no se repitan las detenciones, en ocasiones brutales, de los fotógrafos presentes en las manifestaciones, como las de Juan Pablo Reyes y Tamara Carrasco, dos fotógrafos independientes detenidos el 26 de agosto; la de Esteban Garay, fotógrafo de La Nación detenido el 28 de agosto, o la de su colega Víctor Arce, del sitio web Factor Absoluto, ocurrida un día después.
Fuente: IFEX
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