Por Federico Corbiere
El mundo del ocio y el entretenimiento no está feliz. Los señores feudales de la industria editorial, el cine y la música, se encuentran en un callejón sin salida frente a las nuevas prácticas de consumo que propone la circulación de contenidos digitales. A continuación, un paseo por el sitio de películas que fue trend topic en Twitter por su nutrida membrecía global de temerarios bucaneros.
Las últimas noticias del ciberespacio destacan que el Grupo Warner (HBO, CNN, Cinemax, I-Sat, Space, Infinito, TNT y Cartoon Network) impulsó acciones para que sitios como Cuevana dejen de existir.
Con nueva temporada de estrenos, Ted Turner salió de cacería ofreciendo membrecía a otros socios plenipotenciarios de una industria cartelizada desde sus orígenes.
Entre los miembros del Club existen intermediarios complejos pero necesarios, como las entidades de gestión colectiva que administran la explotación de licencias y regalías-, jueces poco afectos a los derechos digitales y cámaras empresarias que, si no fuera por la intervención del Estado, promoverían sólo el derecho a la propiedad privada, apelando a un doble estándar jurídico internacional ambiguo y orientado a tamizar aquellas demandas del público sobre los monopolios formadores de precios.
¿Qué es Cuevana? Un portal gratuito que funciona como una biblioteca virtual de películas y series, cargadas en servidores externos (Megaupload, Fileserver, etc.) por colaboradores -aparentemente- desconocidos. El encargado de catalogar toda esa información y hacer eficiente el acceso a los ficheros a un promedio de 2 millones de visitantes diarios es Tomás Escobar, un sanjuanino de 22 años, estudiante de Sistemas que desarrolló un plug-in (aplicación) con la cualidad de permitir la ejecución en directo de contenidos audiovisuales, sin salir de la página.
El problema: se trata de programas de TV y películas protegidas por la ley de Propiedad Intelectual, que aún se emiten por diversas señales, por lo general de empresas de cable (un sector con un alto nivel de concentración, en donde sólo Cablevisión-Multicanal, subsidiaria del Grupo Clarín, concentra más del 55% de los abonados del país)
El laberinto infernal
Argentina tiene antecedentes variados. El caso del profesor de filosofía Horacio Potel, que sufrió un proceso penal por publicar traducciones de Nietzsche y Derrida, con un embargo preventivo de 20 mil pesos. En noviembre de 2009, tras un año de litigio, resultó sobreseído por no haberse comprobado ninguna “descarga” efectiva de datos en las páginas bajo su tutela. Desde entonces, el profesor advierte que los textos alojados son para “lectura on line exclusivamente”.
No es la situación de Taringa!, una comunidad que llegó tener un flujo de 6 millones de ingresos diarios y cuyos dueños (Wiross Argentina) se presentan como administradores de redes sociales mientras perjuran en sus “Términos y Condiciones de Uso” no constituir un sitio de “intercambio de archivos”. Sin embargo, en la práctica lo más tentador es el acceso a links (enlaces) que derivan en todo tipo de contenidos sobre los cuales dicen no tener capacidad operativa para controlar su carácter público o protegido.
La justicia argentina consideró a sus propietarios “partícipes necesarios” en el delito de violación del artículo 72 (fraude) de la Propiedad Intelectual, esta vez trabando un embargo preventivo de 200 mil pesos. A la fecha, el caso pasó de la etapa de instrucción a juicio oral por haberse comprobado “descargas” de archivos con Copyright.
En el resto del mundo, Francia (Hadopi, 2009) y España (Ley Sinde, 2011) avanzaron en la creación de una policía de Internet, ambas para perseguir las “descargas” no autorizadas con medidas judiciales de cierre preventivo, aunque en los sitios luego se compruebe que no se viola ninguna norma. Por su parte, Estados Unidos redobló la apuesta con el proyecto SOPA (Stop OnLine Piracy Act), en el que propone acciones directas de ahogo financiero sobre aquellos sitios presuntamente infractores (tomando como experiencia de éxito la persecución a Julián Assange y Wikileaks).
Este escenario presenta algunas contradicciones. Los dueños de Taringa! no son cruzados culturales ni Cuevana es un foco revolucionario, a pesar de jugar con un anagrama entre Cuba y La Habana. La única coincidencia es que Cuba y Cuevana están bloqueadas.
Cuba sufre un embargo económico estadounidense desde 1960 y Cuevana una medida cautelar, desde fines de noviembre, sobre tres series explotadas por I-Sat.
Bandera roja
En esta historia de piratas, Escobar no duerme en su casa para evitar la notificación judicial. El juez Gustavo Carmelo ordenó a todos los proveedores de Internet (ISP) en Argentina que apliquen la medida (bajo apercibimiento de multa) a través de una simple notificación a la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones. En esta situación confusa y de difícil cumplimiento, los usuarios de Internet siguen entrando a Cuevana para ver películas.
Lo importante es que el caso sienta el primer precedente en donde un magistrado local limita la exhibición de contenidos por Internet, sobre una plataforma con tendencia a la “desintermediación” de los soportes tradicionales, como la televisión.
En este debate están quienes prefieren el extremo de endurecer la norma y otros que abrevan por caminos también extremos de promover una “cultura libre” a ultranza. Mientras ambas posiciones están trabadas, en el medio surgen negocios nuevos nacidos de la masificación de TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) en la vida cotidiana.
La pregunta sobre si podemos ver pelis por Internet poco tiene de ingenua, ya que los nuevos dispositivos tecnológicos cambiarán inexorablemente las lógicas de consumo y las barreras que delimitan el universo de la radiodifusión y las telecomunicaciones.
Mientras tanto, el que no paga por ver es una suerte de tripulante en un barco corsario, con parche en el ojo y pata de palo (Wi-fi).
Destrucción creadora
Se trata de un momento de ruptura, en donde las batallas épicas del príncipe Sandokán devenido en bucanero, a quien el imperio británico -fiel a su costumbre- había destronado y asesinado a su familia, resultan hasta románticas. Lo cierto es que no existen soluciones mágicas aunque resulte bonito imaginar un cambio en el orden de los factores de la Ley de Propiedad Intelectual, e indicar “que toda obra será de dominio público, salvo que autor indique lo contrario”.
Esto implicaría un giro para la democratización y el acceso la cultura; en especial, porque sin goce ni entretenimiento sería impensable construir entre todos un mundo feliz.
Lo de Cuevana no es otra cosa que “destrucción creativa” en mercados imperfectos (monopólicos) y un pibe bien asesorado legalmente en busca de atajos entre el pasado analógico y un presente digital en constante mutación. Pero también se trata de “La venganza del corsario negro”, cuyo autor, Emilio Salgari, eligió un ritual japonés para dedicar su suicidio en la miseria, a los avaros editores que comercializaron su obra.
Fuente Rebelion.org
