Los directores por el Estado nacional en el directorio de Papel Prensa fueron ratificados en sus cargos, durante la audiencia convocada por la jueza en lo Comercial María Cristina O’Reilly, en el marco de una causa presentada por la Secretaría de Comercio Interior en la que objetó decisiones tomadas durante una asamblea de accionistas llevada a cabo el 27 de septiembre pasado.
Durante la audiencia de conciliación, celebrada esta mañana y en la que estuvo presente el titular de la secretaría de Comercio Interior, Guillermo Moreno, la doctora O’Reilly propuso que “se mantenga el ‘status quo’, respecto de las autoridades del Estado nacional” designadas en el directorio de Papel Prensa.
Por el sector privado estuvieron presentes el doctor Javier Lorente, por AGEA; el doctor Enrique Pigretti, apoderado de Papel Prensa, la doctora Mariana Soledad Russo, como letrada apoderada de CIMECO; y el doctor Víctor Zamenfeld, como letrado apoderado del diario La Nación.
La jueza transmitió a las partes la “necesidad que ve el Tribunal que los órganos societarios puedan continuar funcionando armoniosamente y en forma regular”, y que por eso propuso “a los presentes que mantengan el ‘status quo’, en lo que a este aspecto se refiere, respecto de las autoridades designadas por el Estado Nacional”.
Frente a esta propuesta, los representantes presentes en la audiencia manifestaron que “sin reconocer hecho ni derecho alguno y al solo efecto conciliatorio, están de acuerdo” en mantener la integración del directorio tal como estaba antes de la asamblea celebrada el martes pasado, cuya concreción fue objetada por el Gobierno nacional.
De esta forma, los directores designados por el Estado nacional son Beatriz Paglieri, Pablo Cerioli y Rubén Zampino como directores titulares.
En lo que respecta a la integración de la Comisión Fiscalizadora por el capital privado se mantiene el doctor Ricardo Urbano Siri; y por el Estado nacional, el doctor Daniel Reposo y Agustín Tavelli.
Por su parte, en el Consejo de Vigilancia continúa el doctor Alberto González Arzac en representación del Estado nacional.
“Asimismo las partes acuerdan que el directorio mantendrá en suspenso la efectivización de las acciones dispuestas en la asamblea del 27 de septiembre de 2011, y que el directorio celebrará la reunión del día de la fecha tratando los puntos del orden del día conforme su convocatoria”, señala el documento refrendado por el sector privado y el Estado ante la jueza O’Reilly.
En este último punto se específica, además, que no se abordarán determinados puntos fijados en la convocatoria “en reconocimiento del estado de judicialización de la integración de la Comisión Fiscalizadora”, y que hasta que ello se resuelva “el capital privado no innovará respecto de los derechos invocados por el Estado nacional a designar dos síndicos en dicho órgano”.
En base a esto, la jueza dispuso “tener presente lo manifestado por las partes al solo efecto conciliatorio y sin reconocer hecho ni derecho alguno, exortándolos a que intenten mantener esta conducta conciliatoria a lo largo del tiempo, y que las intenciones que hoy han traducido en la audiencia, se patenticen en hechos”.
Por último, la magistrada le solicitó al Estado nacional que “notifique a la Comisión Nacional de Valores (CNV) lo acordado en la presente audiencia”.
La jueza O`Reilly tomó la causa en los últimos días de la semana pasada, luego de que la Cámara de Apelaciones en lo Comercial realizara el sorteo correspondiente y la ratificara al frente de la misma.
Con anterioridad, el secretario de Comercio Interior calificó de "maniobra malintencionada" a la decisión del juez Fernando Durao de autorizar la realización de la asamblea de accionistas del martes pasado en Papel Prensa, que había sido invalidada por la Comisión Nacional de Valores (CNV).
El funcionario nacional sostuvo que el juez Durao no podía tomar la causa de manera directa, debido a que los pasos procesales estipulan que es la Cámara la que debe establecer -a través de un sorteo- el juzgado que debía entender en la cuestión.
Luego de dictar la cautelar en la que autorizó la realización de la asamblea, el juez Durao se declaró incompetente en la causa.
Fuente: Telam
Fuente: Telam
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